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El proyecto de Ley sobre Transparencia Fiscal (PLTF) realizado por el Poder Ejecutivo fue enviado al Parlamento para su aprobación. El Presidente del Banco Central, Mario Bergara, catalogó recientemente al proyecto de “golpe casi mortal” al secreto bancario, expresión que compartimos. El gobierno manifiesta que con este proyecto pretende cumplir con los convenios multilaterales promovidos por la OCDE que firmó Uruguay para colaborar con los fiscos extranjeros en el combate a la evasión fiscal y lavado de dinero.

Cr. Mauricio Silva


El PLTF consta de cuatro Capítulos:

i) informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la administración tributaria.
ii) identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas.
iii) normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación.
iv) ajustes al régimen de precios de transferencia del impuesto a las rentas de las actividades económicas.

En la presente entrega comentaremos las normas incluidas en el Capítulo I.

Capítulo I

En el mismo se establece que:

Las Entidades financieras residentes y las sucursales situadas en el país de entidades financieras no residentes deberán suministrar anualmente a la Dirección General Impositiva (DGI) toda la información relativa a:

• saldos y rentas al cierre del año civil de las cuentas mantenidas por: personas físicas, personas jurídicas u otras entidades, que configuren residencia fiscal en otro país o jurisdicción.

• los títulos de deuda o participación en el capital de fideicomisos, fondos de inversión y de entidades que realicen actividades de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros.

• las cuentas que sean mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades residentes en la República.

El proyecto define por entidades financieras obligadas a informar:

• las que realicen actividad de intermediación financiera.

• las que realicen actividades de custodia o inversión por cuenta y orden de terceros, incluso cuando no se encuentren bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay (BCU). Estarán obligadas a informar aun en el caso que sean administradas por otra entidad financiera obligada a informar.

• las de seguro, en relación a los contratos de seguro, cuando incluyan componente de ahorro en la cuenta individual, y los contratos de renta vitalicia.

En el PLTF se establece que el Poder Ejecutivo podrá excluir de la obligación de informar a determinadas entidades financieras en atención a su objeto y bajo riesgo fiscal, así como establecer diferentes plazos de cumplimiento en atención a su naturaleza.

Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá excluir de la obligación de ser informadas, cuentas que resulten de bajo riesgo fiscal en atención a su monto y naturaleza, así como establecer plazos de cumplimiento en atención a la residencia de sus titulares y a la cuantía del saldo. La reglamentación deberá establecer el monto mínimo a partir del cual se deberá informar a DGI.

Cuando de acuerdo a los criterios que establezca el Poder Ejecutivo se trate de cuentas cuyos titulares sean entidades consideradas de alto riesgo de evasión fiscal se deberá informar el beneficiario final de las cuentas.

Las entidades obligadas a informar tendrán que identificar la residencia a efectos fiscales de los titulares que mantengan cuentas en ellas. El envío de información se deberá realizar en forma automática.

El PLTF establece sanciones para las entidades financieras por las siguientes infracciones: omisión de remitir datos, información incompleta o incumplimiento de los procedimientos de debida diligencia.

La información suministrada podrá ser utilizada por la DGI para el cumplimiento de sus cometidos y para el intercambio de información con los Estados Extranjeros en el marco de acuerdos o convenios internacionales.

Lo establecido en este capítulo entraría en vigencia el 1 de enero de 2017 por lo tanto los primeros saldos y rentas a informar corresponderán al año 2017.

Conclusión

Este proyecto de ley se enmarca en un proceso ya iniciado por la Administración que tiene por objetivo acceder a mayor información de los contribuyentes. Consideramos que se debiera proceder con mayor cautela, pues se están modificando principios básicos de nuestro sistema tributario como son la igualdad entre nacionales y extranjeros, la territorialidad y el secreto bancario y tributario. Estas circunstancias generan cambios muy importantes en las reglas vigentes que pueden afectar la inversión y que según diversos constitucionalistas pueden ser considerados en algunos casos como inconstitucionales.

Fuente: BDO Uruguay – El Observador – CADE. Mauricio Silva

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