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El Ministerio de Economía presentó un proyecto de ley de transparencia fiscal con el objetivo de combatir el lavado de activos.

El objetivo del proyecto es adoptar algunas prácticas internacionales que, según el ministro de Economía, Danilo Astori, colocarían a Uruguay como un país de avanzada frente al combate de lavado de activos.

 

En la presente entrega comentaremos las normas incluidas en el Capítulo II del proyecto de Ley sobre Transparencia Fiscal.

Cra. Andrea Rifón

Este capítulo establece la obligatoriedad de identificar al beneficiario final y a los titulares de participaciones nominativas, y comunicarlos al Banco Central del Uruguay (BCU), que llevará un registro a estos efectos.

OBLIGADOS

A partir del 01/01/2017, las entidades residentes y determinadas entidades no residentes deberán identificar a sus beneficiarios finales, contando con documentación que lo acredite en forma fehaciente.
También tendrán que hacerlo los fondos de inversión y fideicomisos del exterior, cuyos administradores o fiduciarios sean residentes.

Las entidades no residentes obliga-das son aquellas que:

A) Actúen a través de un estable-cimiento permanente (EP) en Uruguay; o
B) Tengan su sede de dirección efectiva en Uruguay, para el desarrollo de actividades empresariales.

El tener la sede de dirección efectiva en Uruguay, implica que radique en el país, la dirección y el control conjunto de las actividades.

En el caso de los fideicomisos, deberá identificarse a la(s) persona(s) físicas que son beneficiarios finales en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.

BENEFICIARIO FINAL

Es la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad.
El control final puede ser ejercido en forma directa o indirecta, a través de una cadena de titularidad.

OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA ENTIDADES EMISORAS DE ACCIONES O PARTES SOCIALES NOMINATIVAS

La entidad que emita participaciones o títulos nominativos deberá comunicar además los datos identificatorios de sus titulares, así como los porcentajes de participación.

PROCEDIMIENTO

Las entidades obligadas deberán informar al BCU los beneficiarios finales identificados, indicando los porcentajes de participación tanto de los que cumplen con la definición dada, como de los que no o de los que se desconoce, así como de quienes ejercen el control final.

EXCEPCIONES

No están obligados a informar las sociedades personales, sociedades agrarias, sociedades de hecho o civiles, integradas exclusivamente por personas físicas que coincidan con los beneficiarios finales.

No están obligados a identificar las entidades que coticen en bolsas de valores nacionales o internacionales de reconocido prestigio (siempre que los títulos estén a disposición inmediata), los fondos de inversión y los condominios, sociedades conyugales y de concubinato.

PLAZOS

El Poder Ejecutivo podrá establecer un cronograma de cumplimiento, que no podrá exceder estos plazos:

A) Para entidades residentes con acciones al portador y no residentes con EP o sede de dirección efectiva en Uruguay: 30/09/2017.
B) Para entidades con acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades: 30/06/2018.

SANCIONES

A) Multa de 100 veces el valor de la multa por contravención (MC) cuando no se identifica, comunican cambios, o se conserva la información. Total aprox. hoy USD 22.000.
B) Prohibición de distribuir dividendos (si se distribuye, aplica una multa cuyo máximo será el importe distribuido).
C) Suspensión de certificado único de DGI.
D) Multa que puede ser de hasta 1000 veces el valor de la MC, para el que impida conocer a su beneficiario final o induzca a error, a través de la declaración o el uso de formas jurídicas inadecuadas. Total aprox. hoy USD 220.000.
E) Prohibición de inscribir actos y negocios jurídicos en los Registros.

REFLEXIONES

Las medidas propuestas diluyen aún más la diferencia entre acciones al portador y acciones nominativas.
Asimismo, establecen un nuevo requerimiento, más agresivo que en otros países, que implica revelar in-formación valiosa para los inverso-res (identidad del beneficiario final).
Por último, además de imponer cada vez más requerimientos por vía legal, el Estado también debería respaldar los derechos de los contribuyentes por ese medio.
Es imperativo que el Estado se aboque a generar un marco legal que proteja tanto al fisco como a los contribuyentes.

Fuente: BDO Uruguay – El Observador – CADE. Andrea Rifón

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